Las empresas que pretendan contratar obras con el Sector Público (Estado, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, Sociedades Mercantiles pertenecientes al Sector Público, Consorcios, Fundaciones y cualquier otra entidad de carácter público) y cuando el valor estimado del contrato sea igual o superior a 500.000 euros, deberán estar clasificadas como contratistas de obras de las Administraciones Públicas.

Igualmente será exigible la clasificación de obras al cesionario de un contrato.
Para las obras inferiores a 500.000 euros, a pesar de que la clasificación no sea exigible, las empresas podrán acreditar su solvencia económica y financiera, técnica y profesional con su Clasificación de Obras.